Bogotá, 23 de octubre de 2025 — Un paso decisivo en el debate sobre el sistema de salud colombiano se dio esta semana cuando el Consejo de Estado de Colombia suspendió de manera provisional el Decreto 0858 de 2025, el cual pretendía implementar lo que el gobierno ha llamado un “modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la pugna entre el Ejecutivo, el Congreso y la ciudadanía por el futuro de la atención médica en el país.
¿Qué establecía el decreto?
El Decreto 0858 de 2025 proponía cambios de amplio calado: redefinir el papel de las EPS, fortalecer los centros territoriales de atención primaria, reorganizar las redes de salud bajo un enfoque preventivo y eliminar progresivamente intermediaciones.
Según sus promotores, el nuevo modelo estaba diseñado para hacer al sistema más eficiente, cercano y adaptado a los retos regionales. Sin embargo, sus críticos advirtieron que muchos de estos cambios requerían ley y no podían hacerse únicamente por decreto.
La decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado –máxima autoridad en lo contencioso-administrativo– decidió suspender provisionalmente el decreto tras considerar que su implementación inmediata podría afectar derechos fundamentales y el orden institucional. Esta medida abre un período en el cual el tribunal evaluará en fondo la constitucionalidad del acto administrativo.
Para los ciudadanos, la decisión implica que las transformaciones previstas quedan temporalmente congeladas mientras se decide su legalidad y la forma correcta de regularlas.
Consecuencias para los usuarios del sistema de salud
- Los cambios programados por el decreto no podrán aplicarse aún en su totalidad, lo cual da más tiempo de adaptación para las entidades públicas y privadas.
- Para muchas personas, esta suspensión representa una garantía: los nuevos esquemas no empezarán sin el debido debate y respaldo normativo.
- Los hospitales, clínicas y EPS tendrán que mantener sus modelos actuales hasta que se defina de forma definitiva el camino legal.
- El Gobierno tendrá que abrir un diálogo más deliberado con el Congreso, los entes territoriales y la sociedad civil antes de implementar los cambios.
Impacto político y mediático
La medida supone un golpe simbólico para el gobierno de Gustavo Petro, al evidenciar que algunas decisiones administrativas requieren respaldo normativo más allá de decretos. Para la oposición, es una victoria que refuerza la necesidad de que reformas de esta magnitud pasen por el Congreso.
Por su parte, el Ejecutivo afirma que el decreto formaba parte de una ruta urgente para corregir deficiencias críticas en el sistema de salud y que seguirá adelante con su agenda tras escuchar los reparos institucionales.
¿Y ahora qué sigue?
El Consejo de Estado entrará al análisis de fondo del decreto, lo que podría demorar semanas o meses. Mientras tanto, el proceso legislativo de la reforma de salud sigue su curso en el Congreso.
Para los ciudadanos, queda la expectativa de que este debate no se quede en lo jurídico, sino que atienda cuestiones esenciales: atención accesible, integral y de calidad, sin que caiga en improvisaciones normativa-administrativas.
