Una diferencia de cifras entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo ha generado debate nacional sobre el nivel de riesgo que enfrentarían algunos municipios en las próximas elecciones.
Mientras el Gobierno calcula alrededor de 100 municipios con alerta electoral, la Defensoría advierte que el número podría superar los 600, señalando posibles amenazas de violencia y vulnerabilidad institucional.
Ambas entidades coincidieron en la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y el acompañamiento a las zonas más afectadas, para garantizar un proceso electoral transparente y seguro